Plataformas digitales y declaraciones a hacienda bajo la DAC7

Comentamos la normativa que afectará a los estándares de información de plataformas digitales de actividades “pertinentes” como Wallapop y Airbnb

PLATAFORMAS DIGITALES Y DECLARACIONES A HACIENDA BAJO LA DAC7

Comentamos la normativa que afectará a los estándares de información de plataformas digitales de actividades “pertinentes” como Wallapop y Airbnb

La DAC7

El pasado 31 de enero de 2024 el Gobierno aprobó un Real Decreto para transponer la Directiva europea que modifica la DAC 7 de 2011, una normativa relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad entre los países de la Unión. Pero, y ¿por qué esta nueva norma es importante para las plataformas digitales?

El Real Decreto desarrolla las normas y procedimientos relativos a la obligación de información y de diligencia debida a los operadores de plataformas digitales.

¡Atención! Esta normativa aplica a plataformas digitales que facilitan actividades “pertinentes”, como la venta de bienes, prestación de servicios o actividades de crowdfunding.

Hablamos por lo tanto de plataformas como Wallapop, Vinted o Airbnb, que tienen hasta el 6 de abril para presentar la información a sus vendedores. Quedan excluidos los vendedores que realicen más de 30 operaciones anuales de ventas de bienes con un importe superior a 2.000 euros. En cuanto a los alquileres (como Airbnb), tanto las reservas de corta instancia como larga estancia estarán sujetas a los requisitos de notificación. El propio real decreto establece mecanismos para verificar la exclusión de ciertos vendedores y el uso de herramientas como información pública o registros disponibles para tal fin.

El objetivo es proporcionar información de los vendedores a la Administración Tributaria, para que sea verificada por los operadores de plataformas registrados en España. Estos tendrán la obligación, si corresponde, de declarar a Hacienda. Están obligados a comunicar una información determinada los vendedores que utilicen este tipo de plataformas, en la medida que estas permiten a los vendedores ponerse en contacto con otros usuarios para llevar a cabo una actividad pertinente.

Además, el decreto hace referencia a un intercambio de información con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, remitiéndose al Estado miembro o jurisdicción en que el «vendedor sujeto a comunicación de información» sea residente.

¿Qué se debe informar?

De acuerdo con el real decreto, es un deber de las plataformas informar respecto de las denominadas “actividades pertinentes”: el arrendamiento o cesión temporal de uso de bienes inmuebles; los servicios personales; la venta de bienes y el arrendamiento de cualquier medio de transporte. Eso se refiere a comunicar las operaciones en las cuales las plataformas actúan de intermediarios: por ejemplo la identificación de los operadores de plataforma y vendedores; qué tipo de actividades desarrollan estos; identificación de las cuentas bancarias utilizadas para el cobro de las actividades (y sus tributos, comisiones, tarifas...); registro de contraprestaciones, entre otros.

Desde la entrada en vigor de la DAC 7 se han planteado muchas dudas para los millones usuarios de este tipo de plataformas. Pero lo cierto es que pocos llegan a los límites establecidos por la regulación para tener el deber de declarar.

La regulación no persigue fiscalizar a los particulares que venden artículos personales de segunda mano, sino a los profesionales que utilicen este tipo de aplicaciones como punto de venta. La forma de tributar no ha cambiado, lo que ha cambiado es el deber de información y la aplicación de procedimientos de diligencia debida respecto a una doble perspectiva.

Por un lado, se deberá recopilar la información de los vendedores que utilicen las plataformas, y por otro lado, dicha información se deberá de verificar en aras de esclarecer la residencia del vendedor a efectos de compartir información con el resto de países de la UE.

Con todo, la directiva sin duda ayudará a crear un entorno digital más transparente en cuanto a la relación de las plataformas obligadas que usan millones de usuarios y las administraciones tributarias.

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